CESGE

Dado que nuestro único “cliente”  es el tiempo y está en “bancarrota”, por economía del tiempo libre que nos queda, no entraremos a analizar las apreciaciones (leer primero) que hace Góngora acerca de nuestro estilo, solo recordar que este intercambio no pretende ser ni jurídico ni académico. Nos centraremos en lo esencial, que es saber si los ministros son funcionarios públicos en el sentido del Código Penal.

Pensábamos que Góngora había hecho una “reserva” de solo unos días o meses en la “suite presidencial” del “Hotel del Error”. La insistencia recalcitrante de Góngora nos hace pensar que anida ya en el “Hotel del Error”, porque parece que ya no está de paso. Entiéndase el símil sin ánimo alguno de ofender. 

Nota introductoria:

Esta es una respuesta a un escrito acerca de la calidad de los ministros como funcionarios o no en Guinea Ecuatorial. Al igual que el joven Quevedo y el experimentado Góngora se intercambiaron escritos en su conocida rivalidad literaria, aquí vamos a llamar al autor del texto replicado “Góngora”, dentro del respeto absoluto. Esperemos que esto se vea como un intento de  eliminar la personalización de este intercambio que no pretende ser ni jurídico ni académico. Además, espero  poder citarnos en Malabo para charlar amigablemente como colegas del mismo colegio de abogados.

Góngora dice:

“la definición de funcionario tiene su asiento en el artículo 2 a) de la Ley Número 2/2005, de fecha 9 de Mayo sobre Funcionarios Civiles del Estado que dispone:

“Quedan excluidos en su ámbito de aplicación los Miembros del Gobierno, los Secretarios Generales, los Directores Generales y las personas que por disposición legal o reglamentaria, ejerzan funciones con jerarquía equivalente a los anteriores, así como los funcionarios electos por sufragio” (…)”.

Góngora coincide con lo que aquí ya dijimos  y por tanto nos alegramos de  que traiga a colación esta ley que regula a  los funcionarios hasta cierta categoría, pero no a todos. El artículo 2 no define lo que es un funcionario, sino que delimita el ámbito de aplicación tal y como dice su enunciado: “Quedan excluidos de su ámbito de aplicación”. Por su parte el Artículo 4 en su enunciado dice que “los funcionarios que rigen por la presente ley (…)”, usando una fórmula lingüística que sobreentiende que hay otros funcionarios que esta ley no rige. No se duda de que la Ley de Funcionarios Civiles del Estado no es aplicable a los ministros, solo decimos que la ley aplicable a los ministros es otra, como reconoce Góngora.  Y de ahí a inferir que los ministros no son penalmente responsables hay un trecho tan grande como el rio Benito en su desembocadura.